Campeche Hoy.
Por Carlos Martínez Caamal.
San Fco. de Campeche, Cam., 17 de Noviembre del 2007

HISTORIAS DE CORRUPCIÓN EN LOS INSTITUTOS ELECTORALES

Como una nueva versión de los escándalos millonarios de corrupción en la adjudicación de contratos de material y documentación electoral en los Institutos Electorales de los Estados de México y Guerrero, denunciados por el periodista Víctor Trujillo en su entonces programa televisivo matutito en el 2004, y de las famosísimas cartas de recomendación emitidas por la actual Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Celina de Carmen Castillo Cervera a favor de la empresa Formas Finas, el cual le ayudó para adjudicarse la licitación del órgano electoral de Oaxaca por más de 12 millones de pesos y que fueron exhibidas en los medios locales y en el Congreso del Estado, de nueva cuenta explotan a nivel nacional nuevos escándalos de corrupción en este sector, en el que las empresas intermediarias, vendedoras de material, se exhiben como mafias poderosas haciéndose de jugosos y millonarios contratos que desnaturalizan la función electoral y atentan contra el patrimonio público de los órganos electorales del país.
Y es que, estimable lector, es una vergüenza observar cómo estos organismos autónomos, con elevados presupuestos que compiten con los sectores más necesitados del país, como la educación y la salud, cuyos Consejeros perciben salarios a nivel de magistrados y que tienen la oportunidad de continuar con sus trabajos extras; que pierdan la visión de la ética y caen en actos de corrupción y malos manejos, amén de su ineficacia como órganos garantes, traicionando la confianza de los ciudadanos y contribuyendo al desprestigio de esa Instituciones Electorales y de la misma función pública.
Comenzaremos con el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IEETAM), donde esa institución adjudicó el contrato a la empresa Diseño, Construcción y Comunicación, encargada de fabricar el Material Electoral , por un monto de 12 millones 700 mil pesos, para un total de 4 mil 400 kits, con un costo aproximado de 3 mil 900 pesos cada uno, mientras que en el 2004 ese mismo Instituto hizo el contrato por 3 millones 718 mil pesos y con un costo por cada kit de 638 pesos, es decir, que este año se pagó 300 por ciento más
Lo peor del caso es que en el Estado de Michoacán, donde también se realizaron elecciones para Gobernador, presidencias municipales y diputados locales, el Instituto Electoral de ese Estado, con 5 mil 700 casillas, adjudicó el contrato por 3 millones 249 mil pesos, es decir, el costo por cada kit electoral fue de apenas 570 pesos y en Puebla fue de mil pesos cada uno, un costo muy por abajo que en Tamaulipas, lo que hace suponer irregularidades, puesto que los precios de los materiales son los mismos o similares en todo el país, ya que en todos los casos se trata del mismo componente para la urnas y las mamparas, el plástico hecho a base de prolipopileno, que es un material básicamente de importación.
Lo anterior ha causado un escándalo político, estando en entredicho la actuación de los integrantes de la Comisión Estatal en Tamaulipas, Consejeros Nélida Concepción Almaguer como Presidenta, Jorge Luis Navarro Cantú, José Gerardo Carmona García, María Bertha Zúñiga Medina, Guillermo Tirado Saldivar, y Marta Olivia López Medellín; por cierto, la Consejera Presidenta de esta Comisión fue propuesta por el Partido Acción Nacional. O sea, que en todos lados se cuecen habas.
En el 2004, a Talleres Gráficos de México le fue adjudicado el contrato para la elaboración de documentación electoral para las tres elecciones (gobernador, ayuntamientos y diputados), por un monto global de 2 millones 052 mil pesos, es decir, el costo por cada elección fue de 685 mil pesos; sin embargo, en este 2007, el órgano electoral firma el contrato por 2 millones 560 mil pesos, y únicamente para las elecciones de ayuntamientos y diputados, lo que significa que cada elección fue de un millón 280 mil pesos, es decir representa un incremento de un 100 por ciento en comparación con la elección pasada.
El diputado perredista Héctor Garza González aseguró en el Pleno del Congreso tamaulipeco, que también en la documentación electoral, boletas y actas, hay un sobreprecio que no es justificable y representa en costos casi el doble de lo erogado en Michoacán y el triple de lo de Chihuahua.
Pero como en todas las “buenas” familias, el Presidente del Congreso de Tamaulipas, de extracción priísta, Mario Andrés Leal Rodríguez, pidió un voto de confianza a todos los tamaulipecos para un Instituto “que está representado por todos los partidos”, y consideró que nadie había demostrado que la compra es irregular, y argumentó: "Se han dicho muchas cosas, pero no he visto una prueba sustentable en el marco jurídico tamaulipeco, para decir en este momento que se está infringiendo alguna disposición". El que no quiere ver algo tan evidente, pues sus razones tendrá.
El también líder de la fracción priista, afirmó que el trabajo del Consejo Estatal Electoral se podrá juzgar hasta que termine la elección, y a pesar de que dijo que no había hecho comparaciones de la compra del IEETAM con la de otros Institutos Electorales, consideró que era un asunto aclarado.
¿Qué nos hará tan parecidos a este Estado? Lo único que ha hecho falta es que los diputados príistas de Campeche lo avalen con su dicho, porque con sus acciones más que están avalando la actuación y los turbios manejos que se han dado en el órgano electoral local.
En Quintana Roo sucede algo similar y para ilustrarlo transcribimos lo que el periódico “La Verdad” denunció: “Con antecedentes de corrupción en otras entidades de la República, entre ellos un soborno de 3.5 millones de pesos a autoridades del instituto Electoral en Guerrero, la empresa DICAPLAST, S. A. de C. V., fue elegida por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) para la fabricación de la papelería y mobiliario portátil que se usará en los comicios intermedios de febrero entrante”.

“A través de la licitación pública número IEQROO/LP/03/07, los consejeros del IEEQROO consideraron que de las siete empresas que participaron en el concurso, DICAPLAST fue la que reunió satisfactoriamente todos los requisitos solicitados en las bases del concurso, al ofertar la mejor propuesta económica por la cantidad de 6 millones 583 mil 204 pesos.

En marzo de 2006, el Senado de la República conoció una denuncia en contra de DICAPLAST, cuyo representante legal es Fernando Arellano, a partir de un punto de acuerdo formulado por el senador Blas Rafael Palacios Cordero del PRD, para abrir una investigación de fondo a esta empresa, pues además de la inexperiencia en la fabricación de material electoral, también se le señalaba como parte de una “red de empresas coludidas entre sí para simular contratos dirigidos a un solo destinatario.” Fernando Arellano fue anteriormente empleado de Eugenio Zambrano de la empresa fabricante de material electoral Cartonera Plástica, de Alfredo y Raymundo Hernández Casillas de SAMESA y del Ing.Antonio Carranza Sordo de Formas Finas, estas dos últimas sólo comercializadoras.

En este negocio participa Talleres Gráficos de México, el monopolio de impresión de la papelería oficial en el país. En el punto de acuerdo del Senado se señala: “A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su estudio y dictamen, la propuesta con punto de Acuerdo formulada por el Senador Blas Rafael Palacios Cordero, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al IFE se investigue el proceso de elaboración del material electoral para la jornada del 2 de julio.
“El promovente señala en su exposición de motivos que la elaboración de algunos materiales electorales tales como urnas, mamparas y juegos de separadores, fueron licitados por Talleres Gráficos de México para su adquisición, con base en un contrato que celebró dicho organismo descentralizado de Gobernación con el Instituto Federal Electoral. En razón de dicho contrato, Talleres Gráficos de México llevó a cabo los procesos de licitación correspondientes, de los cuales resultó ganador, entre otros, la empresa Dicaplast, S. A. de C. V.”

Sin embargo, el autor del punto de acuerdo señala que existieron irregularidades en el proceso de licitación de dichos materiales electorales, basado en que:
“1. Según se dio a conocer en un medio televisivo (no se especifica cuál), (DICAPLAST) no cumplía con el requisito de experiencia mínima de un año en la fabricación de materiales electorales, que se solicitaba en las bases de la licitación;
“2. Existen antecedentes para presumir que Dicaplast pudo realizar actos irregulares durante el proceso de licitación, debido a que su socio mayoritario es representante legal de otra empresa llamada SAMESA, la cual fue sancionada en el Estado de Guerrero por haber negociado con un Consejero Estatal Electoral para que la declararan ganadora en el proceso de licitación que se llevó a cabo en aquella entidad;
“3. SAMESA también fue acusada por una organización civil del Estado de Nuevo León por haber negociado con las autoridades de esa entidad para ganar la licitación de elaboración de materiales;
“4. A dicho socio mayoritario de Dicaplast se le relaciona con otras dos empresas: Formas Finas y Cartonera Plástica, las cuales, aparentemente fueron sancionadas por irregularidades en los procesos de licitación realizados en el Estado de México”.

En el concurso de licitación del IEQROO participaron siete empresas, pero sólo dos se mantuvieron firmes hasta el final: Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S. A. de C. V. y DICAPLAST, S. A. de C. V., pero al valorar las propuestas económicas de ambas el organismo electoral determinó que, a partir de una revisión escrupulosa, se obtuvo que la segunda empresa “cumplía a cabalidad” con los documentos que acreditan los aspectos legales de la licitación pública, y sobre todo la propuesta económica más barata”. Hasta aquí La Verdad Diario expresa sus dudas de dicha licitación.
Habría que preguntarnos: ¿el estar sujeta a una investigación por parte de la Procuraduría General de la República, no es motivo para descalificar a una empresa?, si la empresa Diseño, Reconstrucción y Comunicación tuvo una diferencia de 100 mil pesos con DICAPLAST, ¿no es lógico que la primera ofreciera mejores garantías que la otra que está demandada por el Congreso de la Unión y está siendo investigada por la PGR?, ¿por qué tanto interés para darle a DICAPLAST un contrato que no merecía?, ¿por qué los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo no formaron parte del Comité de Licitaciones para un mejor control y transparencia de las compras de material y documentación electoral?
Y hablando de tantas dudas y tanta opacidad que se tiene al respecto, esta misma empresa, DICAPLAST, realizó un jugoso contrato con el Instituto Electoral de Baja California, por la cantidad de 16.8 millones de pesos en junio pasado y en Tlaxcala por 2 millones de pesos, en tanto que la empresa Plásticos y Metales MYC, a la que le fue adjudicado el contrato de manera ilegal en Campeche en la elección del año 2006, por más de tres millones de pesos, lo obtuvo en Veracruz por 20 millones de pesos y en Nuevo León por 7 millones, a pesar de estar demandada por incumplimiento de contrato por los Institutos Electorales de Durango, Puebla, Aguascalientes y el Distrito Federal.
Ahora sí, con todo lo anterior podemos imaginarnos, lo que nos espera para las elecciones del 2009, mientras que los partidos políticos se agarran por las greñas para asegurar la Gubernatura del Estado, diputaciones y ayuntamientos, las oportunidades de los “business” para las autoridades electorales será a la carta tipo VIP y ya nos imaginamos quien será la más “ganona”.
Hay que estar muy atentos y muy despiertos para que no nos pasen chirola de nuevo, porque finalmente se trata de los dineros de nuestros impuestos que van a engrosar los bolsillos de algunos consejeros y funcionarios oportunistas y corruptos.
Los señores diputados están a tiempo para retomar el camino correcto; los sacrificios o movimientos que se tengan que hacer o las reformas electorales que se deban discutir y aprobar, este es el momento oportuno para comenzarlas a consensar; que no suceda que en pleno proceso electoral, les pase lo que pasó en el Estado de México, donde se tuvo que cambiar a todo el Consejo Electoral en plenos comicios; los priístas deben entender que ya no se tiene la otrora favorable y holgada mayoría ni en el Congreso ni en las preferencias de la población; la nueva cargada azul se afianza y se hace más fuerte con los nuevos escenarios, principalmente con las piezas claves del panismo campechano en el gobierno federal, y de no tomar éstos y otros cambios que se han dado en la conformación político-electoral en el país, les puede pasar como al perro de las dos tortas, o peor aún, como al camarón que se duerme. Conste.